Durante años, la vara para medir si un destino turístico “funcionaba” fue casi siempre la misma: cuántos visitantes llegaron. Cuanto más alto el número, mejor la gestión. Esa lógica empieza a mostrar grietas serias en varios puntos de la región, y el caso más visible está sucediendo, ahora mismo, en uno de los parques nacionales más fotografiados de Sudamérica.
El parque que no logra ponerse de acuerdo con sus propios números
El Parque Nacional Torres del Paine, en la Patagonia chilena, es el destino insignia del turismo de naturaleza en el país. También es, desde hace más de un año, el escenario de una disputa pública entre el organismo que lo administra y el sector privado que vive de él, y el conflicto no es sobre políticas ni sobre inversión: es sobre cuántas personas entraron realmente al parque.
En marzo de 2025, la Asociación de Hoteles y Servicios Turísticos de Torres del Paine (HYST) detectó, a través de un pedido de transparencia, una diferencia de 39.810 visitantes entre dos informes entregados por la Corporación Nacional Forestal (CONAF), el organismo estatal a cargo del parque. La brecha no era menor: cuestionaba directamente la confiabilidad del sistema oficial de conteo, justo después de que CONAF implementara una plataforma de venta de entradas nueva y, según el propio organismo, más moderna.
La discusión no se cerró ahí. A lo largo de 2025, HYST fue publicando sus propios registros, basados en ocupación hotelera, comportamiento de reservas y movimiento aéreo asociado al destino, y en varios tramos del año esas cifras no coincidieron con las oficiales. Entre enero y septiembre de 2025, el gremio reportó 256.169 visitantes, con un crecimiento del 15% respecto al año anterior, mientras seguía señalando inconsistencias en el sistema estatal de entradas. Para el cierre del año, CONAF informó 366.642 ingresos entre noviembre y diciembre, apenas por debajo de 2024; HYST, con su propia metodología, calculó unos 415.000. En el primer semestre de 2026, las cifras del propio gremio mostraron una caída del 11% interanual, con 205.843 visitantes entre enero y mayo.
Dos organizaciones, dos sistemas de conteo, dos relaciones sobre lo que está pasando en el mismo territorio. Y mientras la discusión sobre los números sigue abierta, las decisiones de fondo (cuánta gente puede soportar el parque, dónde invertir en infraestructura, qué mercados priorizar en la promoción internacional) quedan, en los hechos, en pausa.
El otro extremo: un valle que se midió a sí mismo
A unos cientos de kilómetros de ahí, en la Región de Los Lagos, un caso bastante distinto muestra qué pasa cuando un territorio decide no esperar a que alguien más resuelva el problema de la información.
El Valle Cochamó, conocido informalmente como el “Yosemite chileno” por sus paredes de granito, no es un parque nacional ni una reserva pública: es, en gran parte, un mosaico de tierras privadas al que durante años se accedía sin ningún control. Desde 2016, la Organización del Valle Cochamó, integrada por operadores turísticos, propietarios, arrieros, el Club Andino de Cochamó y la ONG Puelo Patagonia, con apoyo del municipio, Carabineros y la Seremi de Salud, puso en marcha un sistema de reservas obligatorias para acceder al sector de La Junta, el corazón del valle.
El mecanismo es simple en su diseño pero exigente en su ejecución: se fijó una capacidad de carga máxima para los campings habilitados, y quien quiera visitar el valle tiene que reservar con anticipación a través de una plataforma propia. Ese sistema no solo ordenó el flujo de visitantes, permitió, además, empezar a medir con precisión cuánta gente entra, cuándo y con qué perfil. Según cifras de la propia organización, el valle recibe actualmente alrededor de 15.000 visitantes por temporada solo en el sector de La Junta, un número que hoy es un dato conocido y no una estimación aproximada.
El resultado no fue únicamente estadístico. La organización reporta mejoras concretas en el manejo de residuos, menos campamentos no autorizados y menor riesgo de incendio, además de un cambio en el perfil de quienes visitan el valle, con más presencia de viajeros conscientes del impacto ambiental de su estadía. La temporada 2024-2025 arrancó, según la propia organización, con el 60% de la capacidad ya reservada, y la operación se sostiene con el trabajo de más de 30 voluntarios locales.
Lo notable es que ese sistema no lo construyó el Estado: lo construyó la propia comunidad del valle, mucho antes de que existiera cualquier obligación normativa que la forzara a hacerlo.
Un problema que no es exclusivo de Chile ni del sector público
La tensión entre Torres del Paine y Cochamó no es un contraste casual, es un buen resumen de un problema más amplio en la gestión turística latinoamericana: la capacidad de medir con precisión quién visita un territorio, cuánto gasta y qué impacto genera sigue siendo, en muchos destinos, más una excepción que una regla.
En Chile, el propio Servicio Nacional de Turismo (SERNATUR) reconoce que 309 de las 345 municipalidades del país, un 90%, están integradas a su red de turismo municipal, lo que en la práctica significa que ese porcentaje mantiene algún tipo de coordinación institucional en la materia. Pero estar integrado a una red no equivalente, necesariamente, a contar con capacidad técnica instalada: la alta rotación de encargados de turismo municipal, especialmente en años de elecciones, es un fenómeno que el propio organismo identifica como uno de los obstáculos recurrentes para sostener procesos de gestión en el tiempo, según sus informes de seguimiento del programa.
Ese patrón (autoridades que cambian, equipos que se renuevan, conocimiento del territorio que no queda documentado en ningún sistema) es, probablemente, uno de los factores que más dificulta que los destinos turísticos latinoamericanos tomen decisiones basadas en evidencia y no en intuición o urgencia política.
La lección que dejan estos dos casos.
Torres del Paine y Cochamó no son comparables en tamaño, en presupuesto ni en estatus legal: uno es un parque nacional administrado por el Estado, el otro es un esfuerzo comunitario sobre tierras mayormente privadas. Pero puestos uno al lado del otro, dejan una idea bastante clara: la confiabilidad de los datos no depende tanto del tamaño de la institución que los producen, sino de si existe o no un sistema sostenido, con reglas claras, para producirlos.
Cuando ese sistema no existe o dos actores no logran acordar una misma fuente de verdad, como ocurre hoy entre CONAF y HYST en Torres del Paine, la discusión deja de ser técnica y se convierte en una disputa de relato. Cuando sí existe, como en Cochamó, se convierte en la base para decisiones concretas: cuántos campings habilitar, cuántos voluntarios contratar, qué inversión priorizar para la próxima temporada.
Para el turismo latinoamericano, que en los próximos años va a seguir creciendo en volumen y en exigencia ambiental, esa diferencia (entre gestionar con datos propios y gestionar a la espera de que alguien más los entregue) puede terminar siendo la que separa a los destinos que logran sostener su atractivo en el tiempo de los que lo desgastan sin darse cuenta.
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