La eliminación de la Selección argentina en la final del Mundial 2026 frente a España dejó, además de la resaca futbolística, una polémica que escaló mucho más allá de lo esperable: acusaciones de racismo contra el país que llegaron desde las redes sociales hasta el propio Congreso de Estados Unidos. Samuel L. Jackson calificó a la Argentina como “uno de los países más racistas del mundo” en un posteo viral, y la representante Jasmine Crockett invocó una supuesta “historia de racismo” en una sesión legislativa estadounidense. La reacción argentina fue mayormente defensiva. Pero vale la pena separar el ruido viral de la pregunta de fondo: ¿qué hay de cierto en esta acusación, y qué responsabilidad le cabe al país en construir, o desmentir, esa imagen puertas afuera?
Un organismo que ya no existe para responder con datos
Uno de los primeros problemas a la hora de discutir esto en serio es que Argentina dejó de tener, desde 2024, un organismo estatal dedicado a medir sistemáticamente la discriminación. El Gobierno de Javier Milei disolvió por decreto el INADI (Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo), transfiriendo sus funciones al Ministerio de Justicia como parte de su plan de achicamiento del Estado. El organismo, creado en 1995, había sido cuestionado durante años por su funcionamiento irregular, pero también era la única fuente sistemática de estadísticas oficiales sobre el tema. Su cierre significa que hoy, en pleno pico de una controversia internacional sobre el racismo argentino, el país ni siquiera cuenta con una herramienta estatal actualizada para responder con datos propios. Los últimos relevamientos disponibles son de 2019, previos a la pandemia y a este mismo debate.
El argumento de la convivencia cotidiana
Quienes cuestionan la etiqueta de “país racista” suelen apoyarse en un argumento simple y cotidiano: la Argentina de hoy funciona, en buena medida, gracias a la migración regional. Cualquiera que haya pasado por la guardia de un hospital público o privado en Buenos Aires se encontró, con total normalidad, con médicos y enfermeros venezolanos, bolivianos, paraguayos, ecuatorianos o peruanos atendiendo pacientes argentinos sin que eso genere ningún tipo de rechazo social masivo ni cuestionamiento. Es un dato anecdótico, no estadístico, pero tiene peso: resulta difícil sostener la caracterización de un racismo estructural generalizado en una sociedad que delega, todos los días, decisiones de salud y confianza personal en profesionales de países vecinos sin mayor conflicto.
Esa misma lógica se replica en otros ámbitos: la construcción, la gastronomía, el trabajo doméstico y el comercio urbano argentino están sostenidos en gran parte por trabajadores migrantes de la región, integrados a la vida cotidiana de las principales ciudades del país sin la hostilidad sistemática que la narrativa viral sugiere.
Lo que sí queda pendiente
Dicho esto, sería igual de simplista cerrar la discusión con un “acá no pasa nada”. El propio Mapa Nacional de la Discriminación del INADI, en su última edición de 2019, había registrado que el 72% de los encuestados manifestó haber vivido algún episodio de discriminación, con la dimensión étnico-racial entre los ejes más mencionados en la vía pública. Son datos viejos, sin actualización posible en el corto plazo dado el cierre del organismo que los producía, pero tampoco pueden borrarse de un plumazo solo porque resulten incómodos.
Lo más honesto es reconocer que la Argentina no tiene, hoy, las herramientas estadísticas para dar una respuesta seria y actualizada a una acusación que se instaló con fuerza en la opinión pública internacional. Y esa carencia, paradójicamente, termina jugando en contra del propio país: sin datos propios y confiables, queda expuesto a que la conversación la definan memes, comparaciones forzadas con Estados Unidos y la indignación de figuras públicas que probablemente nunca pisaron el país.
El costo turístico de una polémica mal gestionada
Para una industria como la turística, que se construye sobre la promesa de hospitalidad, esta discusión no es un tema menor ni ajeno. La imagen de un destino se forma, en gran parte, por percepciones que circulan mucho más rápido que cualquier campaña de promoción oficial. Cuando una acusación de este calibre escala hasta el Congreso de Estados Unidos y queda flotando sin respuesta oficial contundente, el riesgo no es solo reputacional en abstracto: es que un viajero potencial, al momento de elegir destino, la tenga presente aunque sea de forma difusa.
Argentina compite por visitantes internacionales con destinos que invierten sistemáticamente en construir una imagen de calidez y diversidad. Dejar que una controversia de estas características quede sin marco de respuesta, sin datos actualizados y sin una narrativa propia, es regalarle a otros la definición de cómo se percibe al país puertas afuera. Más allá de si la acusación es justa o exagerada, la pregunta que debería quedar sobre la mesa es otra: ¿qué está haciendo Argentina, como Estado y como industria turística, para contar su propia historia antes de que la cuenten por ella?
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