Chapadmalal y Embalse: el Gobierno avanza con el vaciamiento y deja en disponibilidad a sus trabajadores

El Gobierno nacional profundizó este martes el desmantelamiento de las unidades turísticas de Chapadmalal y Embalse al disponer el pase a situación de disponibilidad del personal de planta permanente que prestaba funciones en ambos complejos. La medida, oficializada en el Boletín Oficial, consolida una decisión que en los hechos avanza sobre uno de los emblemas históricos del turismo social en la Argentina.

Lejos de tratarse de una mera reorganización administrativa, la resolución 129/2026 de la Secretaría de Coordinación Legal y Administrativa de la Jefatura de Gabinete de Ministros confirma el corrimiento del Estado de su rol en dos espacios que durante décadas garantizaron acceso al descanso a sectores populares. El argumento formal vuelve a ser la “optimización” de la estructura pública, pero el resultado concreto es el vaciamiento progresivo de dos complejos monumentales del patrimonio turístico nacional.

La medida alcanza a trabajadores de planta permanente de Chapadmalal y Embalse, quienes quedarán en disponibilidad por un plazo de entre seis y doce meses, según su antigüedad. Durante ese período, podrán ser reubicados, capacitados o asignados a nuevas funciones; en caso contrario, quedarán expuestos a la desvinculación de la administración pública con la indemnización prevista por la normativa vigente. En la práctica, se trata de una herramienta que deja al personal en una situación de extrema precariedad, mientras se desmonta la estructura que sostenía el funcionamiento de los establecimientos.

La resolución se apoya en el Decreto 269/2026 y en la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional 25.164, pero la letra legal no disimula el trasfondo político de la decisión: la supresión de unidades organizativas completas dentro de la Secretaría de Turismo y Ambiente. Entre ellas figuran la Unidad Turística de Embalse y la Unidad Turística de Chapadmalal, junto con todas las funciones que tenían asignadas.

El impacto de esta reorganización no se limita al plano laboral. También se disolvieron comisiones de servicio, adscripciones, asignaciones transitorias y trámites administrativos vinculados al personal alcanzado. Es decir, no solo se aparta a trabajadores, sino que se desarticula el conjunto operativo que mantenía en pie a los complejos, en una secuencia que confirma el desinterés oficial por preservar su función social.

En los hechos, el Gobierno avanza sobre espacios creados para democratizar el turismo y convertir el descanso en un derecho, no en un privilegio. Tanto Chapadmalal como Embalse forman parte de una política pública que durante décadas permitió que miles de familias accedieran a vacaciones en condiciones dignas. Hoy, esa tradición queda reducida a un expediente de disponibilidad, mientras se consolida un proceso de retiro estatal que deja abierta la puerta a futuras privatizaciones, concesiones o transferencias al sector privado.

La reacción bonaerense

La respuesta del gobierno bonaerense fue inmediata y muy dura. El ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa, denunció que la medida forma parte de un plan de vaciamiento y privatización que no solo afecta a los trabajadores, sino también al sentido histórico y social de los complejos.

Costa recordó que las unidades turísticas de Chapadmalal y Embalse son Monumentos Históricos Nacionales y representan más de 80 años de turismo social en la Argentina. Según planteó, su origen estuvo ligado a una decisión política clara: garantizar que el descanso fuera un derecho de las mayorías y no un privilegio reservado a unos pocos.

Desde la visión provincial, el deterioro fue intencional y acelerado. El funcionario señaló que, tras la eliminación de la obligación del Estado nacional de prestar servicios de turismo social, los complejos pasaron de recibir más de 84.000 personas en 2023 a quedar completamente vacíos en 2025 y 2026. Para el gobierno bonaerense, no se trata de una mera desactualización de funciones, sino de un vaciamiento deliberado que busca justificar la retirada del Estado.

En el caso de Embalse, Costa denunció además que la Nación le quitó el destino turístico al predio bajo el argumento de que está “subutilizado”, una definición que consideró una maniobra administrativa orientada a facilitar su venta, enajenación o concesión. En paralelo, remarcó que el complejo quedó sin contratados, con personal en disponibilidad y con el predio cerrado.

Sobre Chapadmalal, el ministro bonaerense afirmó que las unidades fueron declaradas “innecesarias” y transferidas a la AABE, al tiempo que recordó que ya se había anticipado la intención de licitar y entregar los hoteles al sector privado. También cuestionó el desalojo de familias de trabajadores que vivían en el predio y cuidaban las instalaciones, mientras otros espacios oficiales continúan activos y en uso.

Ante ese escenario, la provincia de Buenos Aires volvió a reclamar la transferencia de los hoteles y de los bienes del Museo Evita para asumir su gestión. La lectura política es clara: si la Nación abandona una política pública histórica, la Provincia busca evitar que el patrimonio social y turístico termine degradado o directamente liquidado.

Un cambio de fondo

Más allá del expediente administrativo, la decisión marca un cambio profundo en la concepción del turismo como política pública. Chapadmalal y Embalse no eran simples edificios estatales: eran la expresión concreta de un modelo de acceso al descanso, al viaje y al disfrute para amplios sectores de la población.

El pase a disponibilidad de sus trabajadores no solo afecta derechos laborales; también representa un golpe simbólico y material contra una red de turismo social que fue construida durante décadas. Lo que se está desarmando no es solo una estructura burocrática, sino una política de inclusión que ayudó a ampliar el acceso al turismo en la Argentina.