Viajes de egresados a la deriva: cómo la desregulación convirtió al turismo estudiantil en una ruleta rusa para las familias argentinas

Hay una imagen que se repite todos los años en miles de hogares argentinos: adolescentes armando el bolso para el viaje de egresados mientras sus padres, a horas de la partida, reciben un mensaje de la agencia pidiendo miles de pesos más de los pactados. No es una excepción ni un caso aislado. Es, cada vez más, la norma de un sector que perdió buena parte de su marco regulatorio y que ahora deja a las familias prácticamente solas frente a empresas que cambian las reglas cuando quieren.

La Cámara de Apelaciones de Azul acaba de sumar un antecedente más a esa lista. El tribunal condenó a una agencia de turismo estudiantil a pagar más de sesenta millones de pesos a cinco familias de Azul, Olavarría y Necochea por hechos ocurridos en 2021, en una causa que llevó años en resolverse mientras la empresa seguía operando con normalidad y vendiendo nuevos paquetes de viaje. La sentencia confirma algo que las familias afectadas ya sabían de memoria: cuando algo sale mal en un viaje de egresados, conseguir justicia puede llevar más tiempo del que tardan los propios chicos en terminar la secundaria y recibirse.

Un patrón que se repite con nombre y apellido

El caso de Azul no está solo. En los últimos meses, dos empresas volvieron a aparecer una y otra vez en las denuncias de padres de distintos puntos del país: Max Dream y Travel Rock.

Con Max Dream, el mecanismo se repite con una precisión casi administrativa. Familias de Santa Rosa denunciaron que, apenas dos semanas antes de la salida hacia Bariloche, la empresa les exigió un depósito adicional de trescientos sesenta mil pesos por alumno para cubrir supuestas “posibles roturas”, un monto que las familias describieron como surgido de la nada. No fue la primera vez: meses antes, otro grupo de padres de la misma ciudad había denunciado un cobro de doscientos ochenta y ocho mil pesos por alumno en concepto de “gastos administrativos” para un pre-viaje que originalmente se había ofrecido como cortesía. En otro caso, un grupo de familias de zona sur del conurbano bonaerense denunció que un paquete contratado dos años antes por doscientos siete mil pesos terminó, a días de viajar, con una exigencia adicional de trescientos noventa mil pesos más, bajo el rótulo de actualización de seguros, alojamiento, ecotasa y excursiones extra. El monto final casi triplicó lo pactado originalmente.

Con Travel Rock, el patrón cambia de forma pero no de fondo: cobro de tasas que las familias consideran indebidas, reuniones impuestas como obligatorias y una comunicación que, según describen quienes reclamaron, deja a los padres sin margen real de negociación. En ambos casos, lo que aparece una y otra vez es la misma dinámica: el contrato firmado meses antes deja de ser el techo de lo que hay que pagar, y se convierte apenas en un punto de partida.

La regulación que ya no está

Para entender por qué estos reclamos se volvieron tan difíciles de resolver, hay que mirar lo que cambió en el marco legal del sector. Hasta hace poco más de dos años, la actividad de las agencias de viajes en general, y del turismo estudiantil en particular, estaba regulada por la Ley 18.829, que exigía una licencia nacional habilitante, y por la Ley 25.599, específica para viajes de egresados, que establecía requisitos económico-financieros para operar, seguros obligatorios de responsabilidad civil y accidentes personales, control de antecedentes penales para los coordinadores y un fondo de fideicomiso pensado exactamente para estos escenarios: responder ante incumplimientos de las empresas de viajes.

Un decreto de necesidad y urgencia derogó esa ley junto con otras dos normas del sector turístico, bajo el argumento de eliminar lo que se describió como un monopolio de las agencias de viajes. La consecuencia directa fue que dejó de ser obligatorio tramitar una licencia nacional para vender servicios turísticos, y ese fondo de fideicomiso, financiado a través de un sistema de cuota cero, dejó de existir. Especialistas en derecho del consumidor señalaron en su momento que la desregulación podía facilitar el intrusismo en el sector y abrir la puerta a competencia desleal, justamente porque ya no hacía falta acreditar solvencia económica ni antecedentes para poner en marcha una agencia y empezar a cobrar cuotas a cientos de familias.

Lo que quedó en pie, en teoría, es la posibilidad de reclamar ante Defensa del Consumidor bajo la Ley 24.240. El problema es que ese mecanismo, pensado para relaciones de consumo generales, no está diseñado para la urgencia específica de un viaje de egresados: las audiencias de conciliación se fijan para “los próximos días”, mientras el micro a Bariloche sale el domingo. Cuando el reclamo avanza y termina en la Justicia, como en el caso de Azul, la resolución puede tardar años, mucho después de que los chicos ya volvieron del viaje, para bien o para mal.

Reclamar se volvió una carrera contra el reloj

Ahí está el núcleo del problema que atraviesa cada uno de estos casos: la desregulación no eliminó los conflictos, solo les quitó las herramientas rápidas para resolverlos. Antes, una familia con un reclamo podía apuntar a que la agencia perdiera su licencia habilitante o ejecutar una garantía económica obligatoria. Hoy, sin esos resguardos, lo único que le queda es una denuncia administrativa que compite en tiempos con la fecha de salida del viaje, o un juicio civil que puede tardar años en resolverse, como pasó en Azul.

Mientras tanto, las empresas que acumulan denuncias siguen operando con total normalidad, vendiendo nuevos paquetes a nuevas camadas de familias que muchas veces desconocen los antecedentes previos. Sin un registro público obligatorio y sin sanciones automáticas por reincidencia, cada denuncia queda aislada, como si fuera la primera vez que ocurre, aunque el patrón sea exactamente el mismo año tras año.

Lo que está en juego no es solo plata

Detrás de cada reclamo hay algo más que una discrepancia contractual: hay familias que ahorraron durante años, muchas veces en cuotas mensuales, para bancar el que suele ser el primer viaje largo de sus hijos sin supervisión adulta directa. Cuando ese viaje se convierte en una fuente de estrés económico de último momento, o directamente en un fraude, el daño no se mide solo en pesos.

El caso de Azul demuestra que la Justicia, tarde o temprano, puede darle la razón a las familias. Pero también demuestra otra cosa, más incómoda: que ganar un juicio cuatro años después de los hechos no le devuelve a nadie la tranquilidad que debería tener un viaje de egresados, ni evita que, mientras tanto, la misma empresa siga firmando contratos con la próxima generación de familias.