El llamado “turismo de nacimiento” —la práctica de viajar a Estados Unidos con el objetivo de dar a luz allí y que el bebé adquiera automáticamente la ciudadanía estadounidense— volvió al centro del debate migratorio y político durante 2025 y 2026, en medio de una batalla judicial que llegó hasta la Corte Suprema y que terminó con un fallo histórico a favor de mantener este derecho constitucional. Para la industria de viajes, el tema no es un detalle menor: durante meses generó incertidumbre sobre visados, controles fronterizos y el futuro de un nicho de turismo médico poco conocido pero real.
Qué es el jus soli y por qué EE.UU. lo aplica
El derecho a la ciudadanía por nacimiento, conocido jurídicamente como jus soli o “derecho del suelo”, está consagrado en la 14ª Enmienda de la Constitución estadounidense, aprobada en 1868. La norma nació con el propósito de garantizar la ciudadanía a las personas que habían sido esclavizadas y que nacieron en territorio de EE.UU. tras el fin de la Guerra Civil.
Con el correr de las décadas, esta disposición se transformó en una regla prácticamente universal: casi cualquier persona nacida en suelo estadounidense recibe la ciudadanía de forma automática, sin importar el estatus migratorio de sus padres. Existen apenas algunas excepciones puntuales, como los hijos de diplomáticos extranjeros en misión oficial, los nacidos durante una ocupación militar hostil, o quienes nacen en ciertos territorios no incorporados donde el Congreso no extendió expresamente ese derecho —el caso de Samoa Americana, cuyos nacidos son considerados “nacionales no ciudadanos” y no ciudadanos plenos, a diferencia de Puerto Rico, Guam o las Islas Vírgenes, donde la ciudadanía sí se otorga de forma automática—.
¿Cuántos “bebés turistas” nacen realmente en Estados Unidos?
Uno de los puntos más discutidos del debate es la magnitud real del fenómeno. Durante 2025, el entonces presidente Donald Trump llegó a afirmar que “cientos de miles” de bebés nacían cada año producto del turismo de nacimiento, aunque nunca acompañó esa cifra con evidencia oficial ni precisó si se trataba de un dato anual o acumulado.
Las estadísticas disponibles cuentan otra historia, mucho más acotada. No existe un registro gubernamental específico que identifique a mujeres que ingresan al país con visa de turista con el fin de dar a luz, pero sí hay datos sobre nacimientos de madres con residencia declarada en el extranjero. Según estimaciones de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), algo más de 9.500 bebés nacieron en 2024 de madres con domicilio extranjero registrado, sobre un total de 3,7 millones de nacimientos en el país ese año: apenas un 0,25% del total.
El Migration Policy Institute (MPI), sin embargo, sostiene que esa cifra probablemente subestima la realidad, ya que parte de las personas extranjeras podría registrar una dirección estadounidense que no corresponde a su residencia habitual. Con base en un análisis más amplio de datos censales, el instituto estima que entre 20.000 y 26.000 bebés nacen cada año en EE.UU. como resultado directo del turismo de nacimiento, lo que representa entre el 0,5% y el 0,7% del total de nacimientos anuales del país. Desde el propio instituto se reconoce, no obstante, que resulta muy difícil medir con precisión la intención de viaje de cada persona, un factor clave para diferenciar el turismo de nacimiento de una emergencia médica que obliga a adelantar un parto durante un viaje realizado por otros motivos.
El camino hasta la Corte Suprema
El debate escaló a nivel institucional cuando, en enero de 2025, Trump firmó la Orden Ejecutiva 14160, que buscaba negar la ciudadanía automática a los hijos de personas indocumentadas o con visas temporales nacidos en suelo estadounidense. Distintos tribunales de distrito bloquearon la medida por considerarla inconstitucional, lo que llevó el caso directamente a la Corte Suprema.
Durante los alegatos orales, el procurador general D. John Sauer defendió la orden argumentando que la ciudadanía automática había permitido el crecimiento de la industria del turismo de nacimiento y generado, según su planteo, una generación de ciudadanos estadounidenses en el exterior sin vínculos reales con el país. Llegó a advertir que, en la actualidad, miles de millones de personas en el mundo están a un vuelo de distancia de tener un hijo con ciudadanía estadounidense. El presidente de la Corte, John Roberts, le respondió que se trataba de un mundo distinto, pero regido por la misma Constitución.
El 30 de junio de 2026, la Corte Suprema falló por seis votos a favor y tres en contra, declarando inconstitucional la orden ejecutiva de Trump y ratificando que todo niño nacido en territorio estadounidense es ciudadano al nacer, sin importar el estatus migratorio de sus padres. La opinión mayoritaria, redactada por Roberts y acompañada por los jueces Sotomayor, Kagan, Barrett y Jackson, sostuvo que la frase “sujetas a su jurisdicción” de la 14ª Enmienda alcanza a cualquier persona presente en el país, ya sea por turismo, trabajo o cualquier otro motivo. El juez Kavanaugh coincidió con el resultado, mientras que Thomas, Gorsuch y Alito votaron en disidencia.
Qué implicancias tiene el fallo para viajeros y agencias
La confirmación judicial no cerró el debate político, pero sí despejó —al menos por ahora— la incertidumbre legal que rodeaba a miles de familias extranjeras y a la industria de viajes vinculada a este fenómeno. Horas después del fallo, el Departamento de Justicia informó a los fiscales federales que priorizará la investigación y el enjuiciamiento de los llamados “esquemas de turismo de parto”, identificándolos como estructuras que explotan las leyes migratorias y que en muchos casos incurren en delitos conexos, como fraude documental o irregularidades en agencias que comercializan paquetes de “parto en EE.UU.” Para el sector de turismo médico y de bienestar, esto anticipa un escenario de mayor escrutinio sobre operadores que ofrezcan explícitamente paquetes de viaje orientados a este fin, más allá de que el derecho constitucional en sí permanezca intacto.
En el plano legislativo, el fallo tampoco significó el final de la discusión. En el actual período 2025-2026 existen dos proyectos de ley en el Congreso —impulsados por el senador Lindsey Graham y el representante Brian Babin, ambos bajo el nombre “Ley de Ciudadanía por Derecho de Nacimiento de 2025″— que buscan limitar por vía legislativa la ciudadanía automática a los hijos de ciudadanos o residentes permanentes legales. Especialistas en derecho migratorio, como Jeremy McKinney, de la Asociación Americana de Abogados de Inmigración, cuestionan la viabilidad de esa vía, dado que la mayoría de la Corte fundamentó su fallo en una interpretation constitucional y no meramente legal.
Un derecho poco frecuente entre las grandes economías
Contrario a la idea de que se trata de una anomalía exclusivamente estadounidense, más de 30 países aplican el jus soli de forma automática y prácticamente sin restricciones, entre ellos Argentina, Brasil, México y la mayoría de las naciones centroamericanas. Sin embargo, dentro del grupo de economías consideradas desarrolladas por el Fondo Monetario Internacional, Estados Unidos y Canadá son los únicos países que mantienen una forma de ciudadanía por nacimiento mayoritariamente irrestricta. Otras naciones, como el Reino Unido y Australia, aplican modelos intermedios, en los que el nacimiento en el territorio solo otorga la ciudadanía si al menos uno de los padres es ciudadano o residente permanente.
Un fenómeno minoritario, pero con alto impacto simbólico y turístico
Más allá de las cifras —relativamente pequeñas frente al total de nacimientos en EE.UU.—, el turismo de nacimiento seguirá siendo un tema sensible tanto para la política migratoria como para el turismo internacional, en particular para agencias, hospitales privados y operadores que comercializan estancias de “maternidad en EE.UU.” dirigidas a familias de Asia, América Latina y Medio Oriente. El fallo de la Corte Suprema mantiene el marco legal vigente desde hace más de 150 años, pero el anuncio del Departamento de Justicia sobre persecución penal de esquemas organizados sugiere que el foco regulatorio se trasladará, de ahora en más, hacia quienes comercializan estos viajes como un producto, más que hacia el derecho constitucional en sí mismo.
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