Machu Picchu recibe cada año a más de 1,5 millones de personas y es, sin discusión, el destino turístico más importante de Perú. Pero ese éxito tiene un costo que empieza a hacerse visible en la piedra misma de la ciudadela: un informe de la Contraloría General de Perú advirtió que entre 2024 y 2025 el santuario histórico sufrió una sobrecarga de 91.836 visitantes por encima del aforo permitido, un desgaste que ya pone en riesgo su condición de Patrimonio Cultural de la Humanidad ante la Unesco.
El hallazgo no es un dato aislado ni una proyección a futuro. Es la conclusión de una fiscalización que detectó fallas sistemáticas en el control de acceso a la Llaqta: miles de ingresos que nunca quedaron registrados en la plataforma oficial de venta de boletos, y jornadas puntuales en las que el flujo de público superó ampliamente el límite normativo. La reglamentación vigente fija un tope de 4.500 visitantes diarios en temporada regular y de 5.600 en temporada alta, pero hubo días en los que ese número se desbordó en más de mil personas, como ocurrió en octubre de 2024, abril de 2025 y octubre de 2025.
La piedra que no da más
Las inspecciones de campo confirmaron lo que ese exceso de público viene provocando sobre el terreno. En los tres circuitos turísticos habilitados dentro de la ciudad inca, los auditores relevaron desgaste del piso original, pérdida de cobertura vegetal, erosión en los andenes prehispánicos y deterioro visible en los elementos líticos de las escalinatas de piedra, castigadas tanto por la intemperie como por el tránsito constante de calzado turístico.
Es un daño que se acumula recorrido tras recorrido, y que a diferencia de otros problemas de gestión turística no se resuelve con una simple ampliación de infraestructura: se trata de piedra tallada hace más de quinientos años, que no admite reposición ni reconstrucción sin alterar el valor patrimonial que la hizo merecedora, en primer lugar, del reconocimiento de la Unesco.
Un problema que ya llegó a París
La situación escaló al plano internacional. Durante una sesión del Comité de Patrimonio Mundial realizada en París, el organismo internacional expresó su preocupación por los niveles de admisión diaria a Machu Picchu y exigió al Estado peruano una evaluación técnica rigurosa que demuestre si existen condiciones reales para sostener, o eventualmente ampliar, la capacidad receptiva del santuario. La advertencia no es menor: la pérdida del estatus de Patrimonio de la Humanidad tendría un impacto directo sobre uno de los principales motores del turismo peruano, y por extensión, sobre buena parte de la economía regional del Cusco.
El propio informe de la Contraloría identificó además responsabilidad administrativa en la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco, organismo dependiente del Ministerio de Cultura, al considerar que no garantizó el registro previo de todos los visitantes en la plataforma virtual habilitada para ese fin, incluyendo a personas que ingresaron por la Red de Caminos Inca y a guías de turismo que sí figuraban inscriptos en el sistema estatal pero no fueron contabilizados como parte del aforo.
Un dilema que atraviesa a todo el turismo patrimonial
El caso de Machu Picchu resume una tensión que hoy enfrentan buena parte de los grandes íconos turísticos del mundo: cómo sostener el atractivo masivo de un destino sin comprometer aquello que lo hizo único. Para el sector turístico regional, la señal de alerta es clara. La capacidad de carga de un sitio patrimonial no es un número burocrático ni una limitación arbitraria a la demanda: es, en los hechos, la condición misma que permite que ese destino siga existiendo tal como lo conocemos para las próximas generaciones de viajeros.
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