Un vehículo oficial cedido “temporalmente” en enero de 2025 sigue circulando 19 meses después, cambió de custodio sin que exista un acto público que lo respalde, y su historia se cruza justo con un Presupuesto 2027 que deja apenas ocho de cada cien pesos del organismo para promocionar al país en el exterior
Hay historias que empiezan con un papel y terminan convertidas en un síntoma. Esta es una de ellas. En enero de 2025, el Instituto Nacional de Promoción Turística (Inprotur) firmó un Permiso de Uso para ceder una camioneta Toyota SW4 4×4 modelo 2022 a la Jefatura de Gabinete de Ministros, entonces conducida por Guillermo Francos. El destino declarado, en el papel, era claro: “traslados oficiales del titular y de su comitiva”. Diecinueve meses y dos cambios de titular después, el vehículo sigue circulando fuera de la órbita del organismo que lo compró, sin que exista un solo documento público que explique por qué, con qué autorización y bajo qué jurisdicción.
Una cesión que debía ser transitoria
El trámite original parecía, en principio, razonable dentro de la lógica administrativa del Estado: en ese momento, la cartera de Turismo dependía orgánicamente de Jefatura de Gabinete, y la camioneta quedó asignada a la conducción política de esa dependencia. Mientras el vehículo se usó para trasladar a Francos y a su comitiva, la cesión se mantuvo dentro de los límites de lo declarado en el permiso original.
El problema aparece después. Francos dejó Jefatura de Gabinete en noviembre de 2025. Lo sucedió Manuel Adorni, quien asumió el cargo y utilizó la misma camioneta durante toda su gestión al frente de esa dependencia. Pero el 27 de junio de 2026 Adorni también renunció, y ahí el trámite entra en una zona gris que, hasta hoy, nadie terminó de explicar: su sucesor en Jefatura de Gabinete, Diego Santilli, no utilizó el vehículo. Sin embargo, la camioneta no volvió al Inprotur. Siguió circulando, y fue fotografiada en las inmediaciones del domicilio particular de Adorni, ya como exfuncionario.
Dos versiones oficiales que no coinciden
Acá es donde la historia empieza a mostrar sus costuras. Consultado sobre la situación actual del vehículo, el propio Inprotur sostiene que la camioneta sigue bajo la órbita de Jefatura de Gabinete y que los gastos de mantenimiento corren por cuenta de esa dependencia. Fuentes del Poder Ejecutivo, en cambio, dan una versión distinta: aseguran que el vehículo pasó a cumplir funciones dentro del Ministerio de Seguridad, que sería la cartera que determina hoy su uso.
La explicación que se ofrece desde el área de Seguridad es que Adorni conserva custodia personal por su condición de exfuncionario de alto rango, en el marco de una evaluación de riesgo. Es una justificación posible, incluso razonable en términos de protocolo de seguridad. Lo que esa explicación no resuelve es un punto mucho más simple y mucho más incómodo: qué instrumento administrativo permitió que un vehículo patrimonial del Inprotur, cedido originalmente para traslados oficiales de comitiva, terminara integrado a un operativo de custodia personal de Adorni, sin que exista un acto público que haya transferido esa administración o modificado el destino original del permiso.
Lo que exige la normativa (y lo que todavía no se conoce)
El decreto que rige el funcionamiento del organismo establece que el Inprotur es dirigido y administrado por un Directorio integrado por representantes del Estado nacional, las provincias y el sector privado, que debe reunirse al menos una vez por mes, dejar actas de lo tratado y tiene entre sus atribuciones administrar los fondos del Instituto y aprobar sus compras y contrataciones. La reglamentación no exige, en la letra estricta, que cada permiso de uso de un vehículo particular pase por votación formal del Directorio, algo que podría encuadrarse dentro de las facultades administrativas ordinarias del organismo.
Pero hay un principio que ninguna fuente con experiencia en administración pública discute: el traslado de un bien patrimonial hacia otra jurisdicción necesita respaldo administrativo y trazabilidad sobre el destino, el plazo, las responsabilidades de mantenimiento y las condiciones bajo las cuales ese bien debería volver a su propietario original. Hoy, esa trazabilidad no está disponible públicamente. No se conoce el número de expediente completo, ni la autoridad exacta que firmó el permiso, ni su plazo de vigencia, ni si existió alguna instancia posterior que haya modificado formalmente su destino. El vehículo, mientras tanto, acumula multas de tránsito en la Ciudad de Buenos Aires y en la provincia, algunas de ellas posteriores a la salida de Adorni del cargo. Y como el Inprotur sigue siendo el titular registral, esas notificaciones de infracciones llegan al organismo, aunque desde ahí insisten en que el costo administrativo le corresponde a otra dependencia.
El contexto que le da peso al reclamo: un presupuesto que se achica donde más importa
Esta historia, que en otro momento podría quedar en una anécdota administrativa menor, adquiere una dimensión distinta cuando se la mira junto al proyecto de Presupuesto 2027 que el Congreso empezó a debatir. El Inprotur tendrá recursos proyectados por 234.926 millones de pesos para el próximo ejercicio. La cifra, a simple vista, suena robusta. El detalle está en cómo se reparte.
De ese total, apenas 19.100 millones de pesos quedarán efectivamente asignados a gastos corrientes y de capital vinculados con el programa central del organismo: la Promoción del Turismo Receptivo Internacional. Es decir, solo el 8,1% de los recursos proyectados se destinará a la función que le da razón de ser al Instituto: posicionar a la Argentina como destino turístico frente al mundo. El resto del presupuesto se reparte entre una transferencia de 70.000 millones de pesos al Tesoro nacional y 145.826 millones de pesos contabilizados como aplicaciones financieras, dos categorías que no llegan, ni de cerca, a traducirse en pauta publicitaria, participación en ferias internacionales o campañas de posicionamiento de marca país.
La ley que rige al organismo es taxativa en este punto: los recursos que integran el patrimonio del Inprotur deben destinarse íntegramente a sus objetivos estatutarios, que son desarrollar y ejecutar planes, programas y estrategias para promover el turismo receptivo y la imagen de Argentina en el exterior. Cuando apenas ocho de cada cien pesos del presupuesto proyectado quedan efectivamente disponibles para esa tarea, la discusión deja de ser una cuestión técnica de partidas contables y se convierte en una pregunta política de fondo: ¿con qué margen real puede el país competir por turistas internacionales frente a vecinos que invierten de manera sostenida en su propia promoción exterior?
Una camioneta no explica un presupuesto, pero lo ilustra
Nadie sostiene seriamente que el destino de un vehículo defina por sí solo la política de promoción turística de un país. El costo de mantener una SW4 fuera de su órbita original es, en el universo de un presupuesto de más de 200 mil millones de pesos, una cifra marginal. Pero el caso Adorni funciona como una lupa incómoda sobre un problema mucho más grande: la dificultad estructural para reconstruir, con información pública clara y accesible, qué ocurre con los activos y los recursos de un organismo que administra fondos pensados para competir en un mercado turístico internacional cada vez más agresivo.
Mientras el sector privado turístico reclama mayor previsibilidad y continuidad en la promoción internacional del país, un activo del propio organismo de promoción permanece fuera de su función original, al servicio de un exfuncionario, sin que exista hasta el momento un documento público que explique el porqué. Y esa es, en el fondo, la pregunta que atraviesa tanto la historia de la camioneta como la discusión presupuestaria: no cuánto dinero figura en el papel, sino cuánto de ese dinero, y de esos recursos, termina efectivamente puesto al servicio de mostrarle la Argentina al mundo.
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