Turismo sin rampas: la deuda pendiente de América Latina con los viajeros con discapacidad

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Cada año, la industria turística repite el mismo discurso: un sector abierto a todos, sin fronteras, motor de inclusión social. Sin embargo, basta recorrer una terminal de ómnibus del interior, intentar reservar un tour rural en silla de ruedas o buscar un hotel con baño realmente adaptado —no uno que solo lleva el cartel— para descubrir que ese discurso choca contra una infraestructura que sigue pensada para un turista estándar, sin discapacidad, sin movilidad reducida y sin ninguna necesidad de acceso diferente a la mayoría.

La cifra de base es contundente. Según la Organización Mundial de la Salud, aproximadamente 1.300 millones de personas —el 16% de la población mundial— viven con algún tipo de discapacidad significativa. Si se suma el envejecimiento poblacional, donde casi la mitad de los mayores de 60 años presenta movilidad reducida o requerimientos específicos de accesibilidad según Naciones Unidas, el panorama es claro: el turismo global opera de espaldas a casi una quinta parte de la humanidad. No se trata de un nicho marginal ni de una cuestión de responsabilidad social corporativa para la foto institucional: es un derecho humano y, además, un negocio que mueve cifras nada desdeñables. El mercado del turismo accesible alcanzó los 58.400 millones de dólares en 2025 a nivel internacional, con una tasa de crecimiento anual compuesto superior al 12%, muy por encima del promedio del sector turístico general. La pregunta que cabe hacerse, entonces, no es si conviene invertir en accesibilidad, sino por qué los Estados de la región siguen sin hacerlo con la urgencia que el propio mercado exige.

La cadena rota: por qué una rampa no alcanza

El error más frecuente de gestores turísticos y organismos públicos es reducir la accesibilidad a la instalación de una rampa o un ascensor. La literatura especializada —desde el modelo de barreras de Darcy y Buhalis hasta la norma ISO 21902:2021— insiste en pensar la accesibilidad como una cadena completa: inspiración, reserva, tránsito, estancia y experiencia en el destino. Basta que un solo eslabón falle para que toda la experiencia turística se vuelva inviable.

Esa cadena se rompe, en la región, en varios puntos simultáneos:

• Barrera arquitectónica y de transporte: flotas de larga distancia sin adaptación, cascos históricos sin alternativas de acceso, baños “adaptados” que en la práctica no cumplen ningún parámetro antropométrico real.
• Barrera digital y comunicacional: sitios web y motores de reserva que no cumplen estándares de accesibilidad web, ausencia de señalética podotáctil, de interpretación en lengua de señas o de audiodescripción en los atractivos.
• Barrera de gobernanza: hoteles de 200 habitaciones que adaptan una sola para cumplir mínimamente una normativa, políticas públicas de turismo, urbanismo y transporte que no se hablan entre sí.
• Barrera actitudinal: personal de contacto —recepción, guías, choferes— sin capacitación real para atender la diversidad funcional, lo que termina generando experiencias incómodas tanto para el visitante como para quien lo atiende.

Con ese marco, repasar país por país el estado de la infraestructura turística accesible en la región permite ver dónde hay avances genuinos y dónde persiste, todavía, el maquillaje normativo.

Argentina: la ley existe, la infraestructura no siempre la sigue

Argentina cuenta con un marco legal relativamente sólido en el papel. La Ley 25.643 define al turismo accesible como el conjunto de actividades que posibilitan la plena integración de las personas con movilidad o comunicación reducidas, y establece que los servicios turísticos deben cumplir con el diseño universal. A eso se suma la Ley 26.378, que incorpora la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad al ordenamiento nacional.

En materia de datos, el Registro Nacional de Personas con Discapacidad reportaba, a mayo de 2025, 1.998.000 Certificados Únicos de Discapacidad vigentes, aunque estudios previos del INDEC —el Estudio Nacional sobre el Perfil de las Personas con Discapacidad— estiman que un 10,2% de la población total presenta alguna dificultad o limitación permanente, lo que proyectado sobre la población actual arroja una cifra bastante más alta, cercana a los 4,7 millones de personas. La brecha entre quienes tienen certificado formal y quienes efectivamente viven con una discapacidad es, en sí misma, un síntoma de las dificultades de acceso al sistema.

En el plano de la gestión turística, existen iniciativas concretas: la Administración de Parques Nacionales aprobó su Programa de Turismo Accesible en las Áreas Protegidas Nacionales para mejorar infraestructura, señalización y capacitación en los parques bajo jurisdicción federal. La Ciudad de Buenos Aires publica desde hace más de una década su Guía de Turismo Accesible, ya en su décima edición, con circuitos mapeados y accesibilidad verificada, y ha sumado herramientas como réplicas 3D y planos hápticos para personas con discapacidad visual en distintos edificios públicos. La Patagonia argentina también promociona activamente sitios con desarrollo en la materia. Más recientemente, se conformó una Comisión de Turismo Accesible dentro de la Cámara Argentina de Turismo, que se propuso relevar el estado real del sector y trazar un mapa de trabajo concreto —lo cual, dicho de otro modo, confirma que ese relevamiento todavía no existe de forma sistemática a nivel nacional.

El problema aparece apenas se sale de la Ciudad de Buenos Aires o de los circuitos ya consolidados. El transporte público de la enorme mayoría de los destinos turísticos del país no es accesible, lo que obliga a las personas con discapacidad motriz a moverse en taxi, remís o aplicaciones de traslado, encareciendo el viaje de manera directa. Lo mismo ocurre con excursiones y transfers, que en la práctica solo pueden contratarse en formato privado para garantizar algún grado de accesibilidad, con el sobrecosto que eso implica. A esto se suma un dato que rara vez se menciona en los balances oficiales: el propio cupo laboral del 4% para personas con discapacidad en el Estado nacional —y del 5% en la Ciudad de Buenos Aires— continúa incumplido, lo que da la pauta de cuán lejos está la inclusión de discurso y práctica incluso en el sector público que debería liderarla.

En síntesis: Argentina tiene una normativa temprana y programas puntuales de calidad, concentrados sobre todo en la Ciudad de Buenos Aires y en algunas áreas protegidas nacionales. Pero carece de un relevamiento nacional actualizado, de una política de transporte turístico accesible fuera de los grandes centros urbanos y de mecanismos de control que garanticen que la “accesibilidad” declarada por un prestador se corresponda con la realidad.

Brasil: la escala más grande, la desigualdad más marcada

Brasil es el país con el marco legal más ambicioso de la región: la Lei Brasileira de Inclusão (Lei 13.146/2015) reconoce explícitamente el derecho de las personas con discapacidad al turismo y al ocio en igualdad de condiciones. El Ministerio de Turismo lanzó ya en 2012 un Programa Turismo Acessível, y desde entonces se multiplican los casos de destinos puntuales con infraestructura adaptada: la Praia de Iracema en Fortaleza cuenta con esteras y sillas anfibias para el ingreso al mar dentro del programa “Praia Acessível”; el barrio histórico de Pelourinho, en Salvador, tiene veredas adaptadas y guías para personas con discapacidad visual; el Instituto Ricardo Brennand, en Recife, ofrece rampas e infraestructura pensada para usuarios de sillas de ruedas.

El propio sector reconoce, sin embargo, que esos casos siguen siendo islas dentro de un país de dimensión continental. Especialistas del sector describen la aplicación práctica de la accesibilidad como “irregular”, con fuertes oscilaciones entre regiones y entre puntos turísticos de una misma ciudad. Los obstáculos más citados son dos: una infraestructura que no cubre plenamente las necesidades del segmento y una capacitación insuficiente del personal que atiende al público. A esto se agrega un problema estructural poco visibilizado: los sitios web de agencias de viaje no ofrecen información accesible para elegir un hotel o una excursión con criterios claros de accesibilidad, lo que traslada la carga de la incertidumbre al propio viajero con discapacidad, que debe averiguar por su cuenta —muchas veces llamando por teléfono o viajando “a ciegas”— si un lugar realmente cumple lo que promete.

Brasil demuestra, en definitiva, que tener la ley más moderna de la región no resuelve automáticamente el problema si la inversión en infraestructura física, en accesibilidad digital y en capacitación de personal no acompaña ese marco normativo con la misma ambición.

Chile: institucionalidad sólida, ejecución todavía dispar

Chile combina una institucionalidad relativamente robusta con un abordaje activo desde el sector público. El Servicio Nacional de Turismo (Sernatur) mantiene un área específica de accesibilidad turística y ha impulsado la Red Chilena de Prestadores de Servicios Turísticos Accesibles, además de manuales de buenas prácticas para gestores turísticos locales. La Corporación Nacional Forestal (Conaf) lleva veinte años aplicando una Política Institucional en Accesibilidad Universal e Inclusión Social dentro de las áreas silvestres protegidas del Estado, con rampas, senderos de interpretación ambiental adaptados y capacitación a guardaparques.

En Chile viven aproximadamente 2 millones de personas con discapacidad, el 15% de la población mayor de 18 años según cifras del organismo nacional de discapacidad. El propio sector privado ha empezado a generar plataformas colaborativas —como sitios que documentan, destino por destino, el grado real de accesibilidad desde la experiencia de usuarios con discapacidad física— que en muchos casos suplen la falta de información oficial verificada.

El punto débil sigue siendo la desconcentración territorial: buena parte de los avances se concentra en Santiago y en un puñado de destinos turísticos consolidados, mientras que zonas rurales, la Patagonia chilena más remota y el norte del país presentan una oferta mucho más limitada y dependiente de esfuerzos aislados de emprendedores individuales antes que de una política pública desplegada de manera uniforme.

Colombia: la apuesta más agresiva de promoción internacional

Colombia es, hoy, el caso regional que más ha invertido en comunicar y posicionar su oferta de turismo accesible hacia el mercado internacional. Un estudio impulsado por el organismo de promoción turística del país, basado en fuentes nacionales e internacionales, mapeó las principales iniciativas de accesibilidad y detectó avances significativos en infraestructura, transporte y coordinación institucional, lo que derivó en una estrategia específica de promoción internacional del segmento.

Bogotá concentra buena parte de esos avances: solo entre enero y septiembre de 2025 la ciudad recibió más de 170.000 visitantes con algún tipo de discapacidad, según su Observatorio de Turismo, una cifra que por sí sola explica por qué la ciudad decidió publicar una Guía de Turismo Accesible propia con información verificada sobre infraestructura, servicios y experiencias. La Red Cultural del Banco de la República, con sedes en Bogotá, Cartagena y Santa Marta, adaptó sus espacios con recorridos sensoriales y visitas guiadas en lengua de señas. En el plano del transporte aéreo, una aerolínea nacional colombiana implementó un espacio dedicado en cabina para sillas de ruedas de marco rígido, que viajan con el pasajero en lugar de ir a la bodega, resolviendo uno de los mayores temores de quienes viajan con estos dispositivos: que se dañen o se extravíen.

Colombia también avanza en ecoturismo accesible, con parques naturales que originalmente se adaptaron para personas sordas y hoy reciben también a personas con discapacidad visual y motora, posicionándose como referencia regional en este segmento específico. El dato de fondo que sostiene esta estrategia es demográfico: según ONU Turismo, en 2024 más de 1.300 millones de personas vivían con alguna discapacidad en el mundo, y a esto se suma que casi la mitad de los mayores de 60 años presenta alguna forma de discapacidad y tiende a viajar con más frecuencia, en temporada media o baja y con estadías más prolongadas, un perfil de altísimo valor para cualquier estrategia de desestacionalización turística.

Uruguay: marco temprano, escala más acotada

Uruguay fue uno de los primeros países de la región en incorporar la accesibilidad como línea estratégica dentro de la planificación turística nacional, a través de su programa “Turismo Accesible para Todos”, que forma parte de la planificación estratégica de turismo del país. Según el último censo disponible, las personas con discapacidad representan un 15,8% de la población nacional, una proporción más alta que el promedio regional.

El programa uruguayo pone el foco en tres frentes: la adecuación de infraestructura y espacios de ocio y recreación —no solo en lo arquitectónico, sino también en materia de campañas de difusión—, la aplicación de estándares de accesibilidad en todos los proyectos y eventos que el sector turístico organiza o apoya, y llamados abiertos para financiar circuitos turísticos accesibles, entendiendo que el sector fue especialmente golpeado durante la pandemia y necesitaba incentivos concretos para reconvertirse. Se trata de un enfoque interesante por su transversalidad, aunque la escala del país —y de su mercado turístico— limita naturalmente el volumen de infraestructura adaptada disponible en comparación con destinos de mayor tamaño como Brasil o Colombia.

El diagnóstico regional: “accesibilidad bajo petición”

Puestos en conjunto, los cinco países revisados muestran un patrón común que la consultoría especializada en turismo ya tiene identificado con nombre propio: América Latina funciona, en materia de accesibilidad turística, bajo un modelo de “accesibilidad bajo petición”. Existen normativas de inclusión en prácticamente todos los países de la región, pero la informalidad del transporte turístico y la falta de inversión pública sostenida en parques nacionales y zonas rurales obligan al viajero con discapacidad a gestionar por su cuenta soluciones precarias, llamando con anticipación, negociando con prestadores privados o directamente resignando destinos que en el papel deberían estar a su alcance.

Ese diagnóstico se vuelve más filoso al compararlo con los casos que hoy se citan como referencia mundial. San Marino articula infraestructura urbana, transporte público y atractivos turísticos bajo un mismo estándar normativo pese a su compleja topografía medieval, demostrando que la conservación patrimonial no está reñida con la inclusión. Singapur integra la accesibilidad desde la concepción misma del diseño urbano, con un sistema de transporte, un aeropuerto y atractivos que permiten itinerarios continuos sin rupturas físicas ni sensoriales. Incluso en destinos históricos como los de Egipto ya se experimenta con innovación sensorial: el Museo Egipcio de El Cairo y sectores de las Pirámides de Guiza cuentan con réplicas táctiles de piezas arqueológicas para personas con discapacidad visual y auditiva. Ninguno de esos modelos depende de la buena voluntad de un prestador individual: son políticas de Estado, sostenidas en el tiempo, con financiamiento público detrás.

La región tiene los recursos naturales y culturales para competir en ese terreno —parques nacionales, patrimonio histórico, costas, montañas— pero mientras la accesibilidad siga dependiendo de la iniciativa aislada de un municipio, una fundación o un prestador privado puntual, seguirá siendo una excepción antes que una regla.

Un llamado que no admite más demoras

El argumento económico ya no puede usarse como excusa. Un mercado de 58.400 millones de dólares que crece a un ritmo de dos dígitos anuales no es una curiosidad filantrópica: es una oportunidad concreta de desestacionalización, de captación de un segmento —personas mayores y personas con discapacidad, que además suelen viajar acompañadas de dos o tres personas más— con alta capacidad de gasto y baja sensibilidad a la temporada alta. Cada destino que no invierte en accesibilidad no solo incumple un derecho humano básico: está resignando ingresos genuinos frente a competidores que sí lo están haciendo.

Los Estados de la región tienen, en su mayoría, la normativa necesaria escrita desde hace años. Lo que falta es la decisión política de convertir esa normativa en presupuesto, en fiscalización real sobre lo que los prestadores declaran como “accesible” y en una planificación de transporte turístico que no dependa, como ocurre hoy en casi todos los casos relevados, de que el viajero con discapacidad tenga el dinero suficiente para pagar un traslado privado. Mientras eso no ocurra, la promesa de un turismo “para todos” seguirá siendo, en la práctica, un turismo para quienes pueden caminar, ver, oír y pagar la diferencia.