Tucumán tiene una ley de alojamientos turísticos nueva. Reemplaza a la Ley 5204, que regía desde 1983, y apunta a un problema que el sector reclama hace años: la oferta informal que crece al margen de los controles.
La norma fija un marco general para prestar, vender y fiscalizar el hospedaje en toda la provincia. También declara de interés provincial la actividad hotelera y parahotelera. Se redactó en conjunto entre el Ente Autárquico Tucumán Turismo, los equipos técnicos de la Legislatura y las cámaras empresarias.
Qué incorpora la ley
La vieja norma dejaba afuera formatos que hoy son moneda corriente. La nueva los reconoce: alojamientos turísticos temporarios, glamping, hospedaje rural comunitario, autocamping y motorhomes. Además contempla estancias rurales, hoteles boutique, apart-hoteles y cabañas.
Todos los prestadores deberán inscribirse en el Registro Provincial de Alojamientos Turísticos, que depende del Ente, y contratar un seguro de responsabilidad civil. Las plataformas digitales, sean nacionales o internacionales, tendrán que mostrar el número de registro oficial en cada publicación.
El control también se moderniza. El Ente podrá hacer notificaciones electrónicas y fiscalizar en línea. Las ofertas que aparezcan en plataformas web y redes sociales valdrán como prueba, y con ellas podrá intimar o clausurar a quienes alquilen en la clandestinidad.
Qué dicen los protagonistas
Inés Frías Silva, vicepresidenta del Ente, planteó que la ley va más allá de los alquileres temporarios. Según explicó, se actualizó una norma que se había quedado atrás y ahora ningún formato queda sin encuadre legal. Dijo además que el organismo tendrá herramientas para habilitar y controlar de forma electrónica.
Héctor Viñuales, presidente de la Cámara de Turismo, habló desde el reclamo empresario. Contó que hay quienes manejan varios departamentos o casonas grandes de veraneo sin pagar impuestos, sin controles de seguridad ni seguros, y con fiestas hasta la madrugada. Eso, dijo, perjudica a la hotelería formal, a los vecinos y a destinos como Tafí del Valle y San Pedro de Colalao.
Francisco Serra, legislador y presidente de la Comisión de Turismo, destacó que el texto salió del trabajo conjunto entre el Estado y el sector privado. Lo definió como una ley modelo para el país, con reglas claras para todos los actores.
Plazos para ponerse en regla
Una vez que el Poder Ejecutivo promulgue la ley, los establecimientos que operan sin registro tendrán 180 días para adecuarse. Los alojamientos ya inscriptos bajo el régimen anterior mantienen su habilitación. Solo tienen que acreditar su domicilio electrónico.
La ley llega después de varios pasos previos. En abril, el Ente firmó un acta compromiso con entidades privadas para sumar a la formalidad a quienes alquilan por redes y aplicaciones. En mayo cerró un convenio con la Defensoría del Pueblo y la Dirección de Comercio Interior para informar y fiscalizar.
Para el turista, el cambio se nota en lo concreto: un número de registro visible en la publicación y un prestador con seguro. Para el hotelero, significa competir con las mismas reglas.
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