Entre Ríos apuesta a la arena en Vaca Muerta: el acuerdo con YPF que promete inversiones millonarias y reabre un debate ambiental sin resolver

Un convenio marco firmado esta semana entre YPF y el gobierno de Entre Ríos busca ordenar y potenciar algo que ya viene sucediendo hace tiempo, casi sin pausa: la provincia se transformó en uno de los principales proveedores de arena silícea para el fracking de Vaca Muerta. El acuerdo abre una agenda ambiciosa de infraestructura, logística e inversiones, pero llega en medio de una discusión que todavía no encontró respuesta sobre qué pasa con los humedales de donde sale esa arena.

Hay acuerdos que se firman para anunciar algo nuevo, y hay otros que en realidad vienen a formalizar un vínculo que la economía real ya había construido por su cuenta. El convenio que YPF y el gobierno de Entre Ríos rubricaron esta semana en las oficinas porteñas de la petrolera pertenece claramente a la segunda categoría: la provincia mesopotámica lleva varios años convertida, casi sin que el resto del país lo note demasiado, en una pieza clave de la cadena logística de Vaca Muerta.

Un vínculo que ya se venía construyendo con camiones y toneladas de arena

El convenio marco establece una agenda de trabajo conjunta para potenciar la producción de arenas silíceas entrerrianas, mejorar la infraestructura vial, ferroviaria y fluvial necesaria para transportarlas, y desarrollar una batería de proyectos adicionales que van desde la electromovilidad hasta la reconversión de activos para almacenamiento de aceites vegetales. El presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, destacó la calidad del material entrerriano, señalando que es el que la compañía utiliza en sus propios pozos por tratarse, según sus palabras, de la mejor arena encontrada hasta el momento en el país.

Esa valoración no es casualidad ni cortesía diplomática. Las arenas del sur entrerriano, extraídas principalmente en la zona de Islas del Ibicuy, sobre el extremo sur de la provincia, tienen una pureza de sílice que ronda el 97%, un nivel excepcional que las convierte en un insumo de primera calidad para la fractura hidráulica: el método con el que se accede al petróleo y al gas no convencional acumulado en la formación neuquina. Cada pozo de fracking puede llegar a demandar entre 10.000 y 15.000 toneladas de este material, una escala que explica por qué un recurso que hasta hace pocos años era prácticamente anónimo se convirtió en uno de los activos estratégicos más codiciados del sur entrerriano.

Un crecimiento que no para de acelerar

Los números del boom arenero entrerriano son elocuentes. Según datos oficiales, la producción pasó de 3.600.000 toneladas en 2025 a 2.700.000 toneladas ya contabilizadas hasta mediados de este año, con una proyección que apunta a rozar las 6 millones de toneladas para el cierre de 2026, un incremento cercano al 75% interanual que además duplicó la recaudación minera provincial. Ese crecimiento explica por qué el desarrollo de infraestructura logística dejó de ser una cuestión menor: hoy buena parte de esa producción sale de la provincia en camiones, y la mejora de rutas, vías férreas y accesos fluviales aparece como condición casi obligada para sostener el ritmo de extracción sin colapsar los caminos de la región ni encarecer el flete hacia Neuquén.

El convenio no se limita al negocio arenero. También contempla el desarrollo de infraestructura de carga para vehículos eléctricos, la incorporación de sistemas de telemetría para modernizar la flota de vehículos públicos provinciales, el análisis de alternativas para reconvertir activos de YPF en proyectos de almacenamiento vinculados a la producción agroindustrial —particularmente aceites vegetales— y el trabajo conjunto con municipios para diseñar incentivos fiscales que atraigan nuevas inversiones privadas. Se trata, en definitiva, de un paraguas amplio bajo el cual cada proyecto específico se irá instrumentando por separado, con sus propios plazos, responsabilidades y montos de inversión, durante los tres años de vigencia que tendrá el acuerdo.

La otra cara de la moneda: un delta bajo presión

Ahora bien, contar esta historia solo desde el lado de las oportunidades sería dejar afuera una parte importante del cuadro. La extracción de arena silícea en Ibicuy, corazón de un sistema de médanos formado hace unos 4.500 años dentro del Delta del Paraná, viene generando desde hace años una tensión ambiental que todavía no encontró resolución. Organizaciones ambientalistas y productores locales vienen denunciando desde hace tiempo un daño ecológico de escala considerable sobre un ecosistema de humedales de alto valor, con causas judiciales que ya llevan varios años de trámite en tribunales federales y episodios previos de clausura de plantas lavadoras de arena por incumplimientos ambientales y uso de agua de pozo sin autorización.

La paradoja de fondo no es menor: Entre Ríos fue una de las primeras provincias argentinas en prohibir el fracking dentro de su propio territorio, y sin embargo hoy es uno de los proveedores más importantes del insumo que hace posible esa misma técnica en otra provincia. Esa contradicción atraviesa buena parte del debate público entrerriano sobre la actividad arenera, y conviene tenerla presente a la hora de leer un acuerdo que, en los papeles, habla sobre todo de eficiencia logística y nuevas inversiones, pero que en los hechos también profundiza la dependencia de la provincia respecto de un recurso natural cuya extracción sigue generando resistencia entre parte de sus propios habitantes.

Lo que viene

El convenio marco no compromete por sí mismo erogaciones presupuestarias específicas para la provincia: cada proyecto concreto que surja de esta alianza deberá instrumentarse mediante acuerdos particulares, donde recién ahí se definirán inversiones, plazos y responsabilidades puntuales. Lo que sí queda claro es la intención declarada de ambas partes: integrar de manera más profunda a Entre Ríos en la cadena de valor de Vaca Muerta, no solo como proveedor de arena, sino también a través de su entramado de proveedores locales, su ubicación logística sobre el Paraná y su capacidad productiva agroindustrial.

Para una provincia que viene de duplicar su recaudación minera en apenas un par de años, la propuesta suena, en el papel, difícil de resistir. La pregunta que queda abierta, y que ningún convenio institucional puede responder por sí solo, es si ese crecimiento logrará sostenerse sin profundizar la presión sobre uno de los ecosistemas de humedales más singulares del país, o si la balanza entre desarrollo productivo y cuidado ambiental seguirá inclinándose, como hasta ahora, del mismo lado.