Demasiados turistas, demasiado pronto: el mundo empieza a ponerle precio a la masificación

donar https://ceneka.net/turismonoticias

De Venecia a Kioto, de Ámsterdam a Machu Picchu, cada vez más destinos usan tasas, cupos y torniquetes para frenar el sobreturismo. La pregunta que la industria todavía no responde con claridad es otra: ¿estamos gestionando el problema o simplemente cobrando la entrada al colapso?

Durante décadas, el mapa del turismo mundial se dibujó con una sola obsesión: sumar visitantes. Más vuelos, más camas, más llegadas, más récords. Ese modelo, exitoso en números, empezó a mostrar su costado más incómodo en los últimos años: calles que ya no caminan los vecinos sino los carritos de valija, alquileres que expulsan a la población local, monumentos que se erosionan bajo millones de pisadas y una sensación, cada vez más extendida, de que el destino dejó de pertenecerle a quien lo habita.

La respuesta que está eligiendo buena parte del planeta no es reducir el turismo, sino ponerle precio a la masificación. En 2026, esa tendencia dejó de ser una excepción europea para convertirse en una política global.

El mapa de la nueva fiscalidad turística

Ámsterdam es, probablemente, el caso más elocuente. La ciudad aprobó subir su tasa turística del 12,5% al 16% este año, con un cronograma que la llevará al 20% en 2030, y destinó unos 120 millones de euros a comprar comercios orientados exclusivamente al turista en el centro histórico, en un intento de devolverle barrio al barrio. A eso sumó un freno a la construcción de nuevos hoteles y un plan para recortar en más de 270 mil la cantidad de visitantes anuales y limitar las pernoctaciones a 20 millones.

Venecia, que desde 2024 cobra una tasa de acceso a quienes la visitan por el día, amplió en 2026 el período de aplicación de esa tarifa a unos sesenta días entre abril y julio, la temporada de mayor presión sobre sus canales y sus puentes. Barcelona avanza en paralelo con la eliminación acelerada de licencias de pisos turísticos para devolver vivienda a sus residentes, mientras Atenas impuso un tope estricto de 20 mil visitantes diarios en la Acrópolis. Kioto, del otro lado del mundo, decidió multiplicar por diez el techo de su impuesto al alojamiento, hasta unos 58 euros por noche en los casos más altos. Santorini y Mykonos les pusieron límite a los cruceros, con topes diarios de desembarco y una tasa de 20 euros por pasajero en temporada alta.

La lista sigue y cruza continentes: Bután cobra desde hace años una de las tarifas de entrada más caras del mundo para regular el flujo de visitantes; Ecuador aplica 200 dólares a los turistas internacionales que llegan a Galápagos; Machu Picchu funciona hoy con entradas por franjas horarias estrictas para evitar aglomeraciones, y Chile estrenará en mayo un sistema de cobro diferenciado por circuitos en Torres del Paine. Incluso en las Dolomitas italianas, propietarios de terrenos privados instalaron torniquetes en senderos populares y empezaron a cobrar el paso. Y aquí cerca, las Cataratas del Iguazú ya funcionan con un cupo diario estricto de visitantes por razones de conservación, prueba de que este debate también golpea la puerta de nuestra región.

Lo que el discurso oficial no siempre explica

El argumento detrás de cada una de estas medidas se repite casi textual en cada comunicado municipal: financiar infraestructura, proteger el patrimonio, aliviar la presión sobre los servicios públicos y compensar a los residentes por el desgaste que durante años pagaron ellos solos. Es un argumento razonable, y en gran medida cierto. El problema aparece cuando se lo analiza con algo más de distancia crítica.

Primero, porque una tasa turística, por más alta que sea, rara vez desalienta a quien ya decidió viajar a un destino icónico. Cinco euros por entrar a Venecia por el día, o incluso veinte por desembarcar en Santorini, son montos que se diluyen sin dificultad en el presupuesto de un viaje internacional. Funcionan como recaudación, no como freno real de flujos. La experiencia de Ámsterdam, con años de suba sostenida de su tasa, muestra que el turismo de excesos no desapareció de un día para el otro por el aumento del impuesto: se necesitó, además, prohibir hoteles nuevos, recomprar locales y reformular activamente el perfil de visitante que la ciudad busca atraer.

Segundo, porque no todos los destinos tienen la misma capacidad de reinvertir lo recaudado. En las grandes capitales europeas, con estructuras administrativas sólidas, la tasa suele traducirse en limpieza, transporte y programas concretos, como el plan climático escolar que financia Barcelona con esos fondos. En economías más frágiles o con menor tradición de gestión pública transparente, la misma herramienta corre el riesgo de convertirse en una recaudación más, sin garantía de que vuelva al territorio en forma de infraestructura o de mejor calidad de vida para quien vive ahí todo el año, no solo en temporada alta.

Tercero, y quizás el punto más incómodo para la propia industria: cobrar por entrar no resuelve el modelo de desarrollo que generó la masificación en primer lugar. Un destino puede subir su tasa turística al 20% y seguir promocionándose activamente en las mismas ferias, con las mismas campañas, para atraer exactamente al mismo volumen de visitantes que hoy lo satura. La tasa, en ese esquema, funciona más como parche fiscal que como rediseño de estrategia. La propia industria ya empieza a mostrar señales de ese límite: un informe reciente de la Comisión Europea de Turismo registró un aumento del 41% en viajeros que evitan de manera activa los destinos más masificados en la temporada 2026, una fuga silenciosa que ninguna tasa está capturando todavía.

Una discusión que Argentina no puede mirar de afuera

Sería un error pensar que este debate le queda lejos al turismo argentino. El cupo diario en Iguazú ya es, en los hechos, una primera experiencia local de gestión activa de flujos por motivos de conservación. Y a medida que destinos como Bariloche, El Calafate, la Quebrada de Humahuaca o los circuitos de nieve patagónicos consoliden temporadas de mayor demanda, la pregunta que hoy resuelven Venecia o Ámsterdam con tasas e impuestos dejará de ser un problema ajeno para convertirse en una decisión de política turística local, ineludible.

La masificación no es, en el fondo, un fracaso del turismo. Es la consecuencia lógica de haberlo promocionado durante décadas sin pensar, al mismo tiempo, en su límite. La tasa turística puede ser una herramienta útil dentro de esa gestión, pero no la solución completa. El verdadero desafío, para Venecia y para cualquier destino que aspire a crecer sin destruirse a sí mismo, es diseñar un modelo que decida de antemano cuánto turismo quiere recibir, y no uno que se limite a cobrar, cada vez más caro, la entrada al colapso.