Mientras el discurso oficial insiste con una llamativa “falta de fondos”, los números del propio municipio exponen una realidad difícil de justificar: millones de pesos asignados sin destino claro y decisiones que castigan, de manera inexplicable, al sector turístico.
El contraste ya no admite matices. Por un lado, un relato de austeridad que se repite en cada intervención pública del Ejecutivo. Por otro, planillas contables que revelan recursos millonarios cuya trazabilidad resulta, como mínima, difusa.
La llamada “austeridad inteligente” suena convincente en lo discursivo, pero se desarma al primer análisis: no hay prioridades explícitas, no hay cronogramas, no hay criterios técnicos. Solo un ajuste selectivo que, curiosamente, golpea a uno de los motores centrales de la economía local: el turismo.
Los hechos son concretos. Durante el primer trimestre de 2026, la gestión incorporó nuevo personal al municipio. En paralelo, decidió recortar la presencia de Malargüe en uno de los eventos más relevantes del calendario turístico provincial: el 44° Workshop de AMAVYT, realizado en el Espacio Arizú en el marco del Congreso de FAEVYT. El argumento era tan simple como preocupante: no había 1,5 millones de pesos para costear un stand.
La pregunta es inevitable: ¿cómo puede faltar una suma menor para una acción estratégica, mientras se manejan cifras multimillonarias sin explicaciones claras?
Al 31 de diciembre de 2025, el municipio había recibido 163.374.639 pesos, a los que se sumaron 32.524.441,08 pesos en el inicio de 2026. En total, 195.899.080,08 pesos sobre los que hoy pesa un preocupante manto de opacidad. No hay información pública y accesible que permita entender en qué se invirtieron esos recursos.
El dato más crítico surge del propio Presupuesto 2026. En el apartado “Fondo de Promoción Turística”, financiado con recursos provinciales y de asignación específica, figura una partida de 181.053.393,22 pesos. Es dinero que, por ley, no puede destinarse a otro fin.
Entonces, la inconsistencia deja de ser política y pasa a ser institucional: ¿cómo se explica que, con más de 181 millones destinados al turismo, no se haya podido invertir menos del 1% de ese fondo para garantizar la presencia en el principal espacio de negocios turísticos de la provincia? ¿Dónde está ese dinero?
El relato de austeridad se vuelve aún más frágil cuando se observa hacia dónde sí se direccionan los recursos. La estructura administrativa se expande, proliferan cargos de dudosa funcionalidad y aparecen incorporaciones que no parecen responder a las necesidades reales del territorio. Mientras tanto, se ajusta donde el impacto económico es directo y medible.
El turismo, lejos de ser una prioridad, queda relegado, sin respaldo, sin estrategia y sin presencia en los espacios donde se define su desarrollo.
El contraste con el sector privado es evidente. Frente a la ausencia del Estado, la comunidad comercial y emprendedora adquirió el rol de sostener la promoción del destino, incluso desarrolló herramientas propias para visibilizar la oferta local.
La escena es tan clara como preocupante: el Estado se retira, el sector privado avanza. La gestión se justifica, la actividad intenta sobrevivir.
Gobernar no es administrar excusas ni diluir responsabilidades en un contexto económico adverso. Gobernar implica definir prioridades, rendir cuentas y garantizar que los recursos públicos cumplan su función.
Si no hay explicaciones claras sobre el destino de los fondos turísticos, lo que está en juego deja de ser una discusión de gestión: pasa a ser un problema de transparencia. Y en ese punto, los organismos de control y las instituciones locales tienen la obligación de intervenir antes de que la opacidad se convierta en regla.
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